Ley Desperdicio Alimentario

Evaluaciones HREDD en el Territorio: una mirada desde Latinoamérica y abastecimiento responsable. Por Fiorella Pajuelo

En un mundo donde avanzamos hacia exigencias concretas de sostenibilidad, las evaluaciones de derechos humanos y ambiente en el marco de la debida diligencia empresarial (HREDD) han dejado de ser una tendencia para convertirse en una obligación que alcanza directamente a las cadenas de suministro globales.

El reto de hoy no está en redactar políticas ni en firmar compromisos: está en lograr que esos compromisos estén alineados con lo que encontramos cuando bajamos al territorio.

Lo que no se ve desde un escritorio

Las empresas llevan años construyendo políticas sólidas en sostenibilidad, y ese esfuerzo merece reconocimiento. Sin embargo, tiene puntos ciegos cuando su alcance llega a la base de la cadena, donde el control de los riesgos se vuelve mucho más difícil. Desde la experiencia en el sector agrícola peruano, los retos son concretos: relaciones de poder en las comunidades, condiciones laborales que no se reflejan en los contratos, disputas por acceso a tierra y agua, trabajadores migrantes en situación irregular, contratación a través de intermediarios informales. Estos riesgos existen y tienen consecuencias reales. Pero se vuelven invisibles cuando la debida diligencia se hace únicamente desde un cuestionario enviado por correo.

Los números lo sustentan: en 2023, el ingreso promedio de un trabajador informal agropecuario en Perú fue apenas un tercio del de un trabajador formal. En ese contexto de precariedad estructural, los riesgos en derechos humanos no son una posibilidad remota, son un hecho.

Estos datos no deberían ser ajenos para las empresas que se abastecen de proveedores en esta región.

Compromiso real y acción desde la base

¿Qué implica para las empresas?

He conocido empresas que van más allá del cumplimiento normativo: trabajan con sus proveedores para fortalecerlos en sostenibilidad y les exigen evaluaciones de derechos humanos y ambiente como requisito. Pero aquí surge una pregunta incómoda:

Las empresas europeas que se abastecen de espárragos, arándanos, café, cacao o aceite de palma peruano operan en un contexto de alto riesgo, pero muchas veces no lo perciben. Por eso, el compromiso debe ir más allá del envío de cuestionarios: implica invertir en relaciones de largo plazo, desarrollar políticas de abastecimiento responsable con criterios estrictos, y trabajar con organizaciones locales que conozcan el territorio. Además, un mecanismo de quejas que solo existe en inglés en una plataforma digital, para comunidades sin smartphone ni educación formal, simplemente no es efectivo.

Una mirada desde Latinoamérica

Los marcos de análisis de riesgos en derechos humanos suelen diseñarse desde las sedes corporativas. Y esto tiene consecuencias que se evidencian en campo: se subestima la brecha entre la legislación vigente y su aplicación real; se ignora la importancia de la consulta previa con comunidades indígenas y campesinas; se pasa por alto la conflictividad por recursos naturales que atraviesan las zonas agrícolas; y se diseñan herramientas de reporte que no tienen correlación con el contexto del territorio.

El resultado es que las estrategias de debida diligencia no se adaptan a lo que realmente ocurre, y las empresas avanzan a ciegas hacia el cierre de brechas que no han logrado identificar correctamente.